Ambos acuerdos han sido suscritos en Sevilla por la directora general de PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y presidenta de ENISA, Estela Gallego; el presidente de RETA, Felipe Romera, y el director general de IDEA, Antonio Valverde, en presencia del secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Francisco Triguero.

Los convenios prevén la aportación por parte de ENISA de hasta 30 millones de euros, 15 millones por cada convenio, para financiar proyectos innovadores en las pequeñas y medianas sociedades de la comunidad andaluza.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es establecer unos procedimientos de gestión ágiles, que faciliten un tiempo de respuesta por parte de ENISA no superior a los 45 días.

Las pymes andaluzas que soliciten esta nueva línea de financiación deberán cumplir varios requisitos, comenzando por ser consideradas como empresas innovadoras que desarrollen proyectos o actividades cuyo resultado suponga un avance o mejora sustancial en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.

Tanto la Agencia IDEA como RETA apoyarán la tramitación de las solicitudes de los préstamos actuando como intermediarias entre las empresas y ENISA. En el caso concreto de RETA, la Red se centrará en dar apoyo a las empresas ubicadas en los Parques Científicos y Tecnológicos de Andalucía, y serán las entidades gestoras de las tecnópolis las encargadas de apoyar la tramitación de las solicitudes.

El acuerdo tomado por el Consejo Territorial, al que ha asistido la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, establece un sistema de reparto de los fondos del nivel acordado con un carácter plurianual hasta el año 2013. En el nuevo modelo se da una progresiva mayor relevancia a la atención efectiva de personas en situación de dependencia, en detrimento de los criterios poblacionales y geográficos, tal como demandaba la Junta de Andalucía.

Con el nuevo sistema, en el reparto de los fondos este año aumenta del 20% al 44% el porcentaje que prima las personas realmente atendidas, un criterio que aumentará al 77% en 2011, al 87% en 2012 y al 97% en 2013, cuando prácticamente desaparecerá el criterio general poblacional.

El fondo establecido este año para el nivel acordado supera los 283 millones de euros, una cantidad que se repartirá entre todas las comunidades autónomas en función de los datos de asistencia a fecha 1 de julio de cada comunidad.

Una de las prioridades del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,  durante la presidencia española de la Unión Europea es el coche eléctrico. Así lo afirmó en enero en una reunión con destacados industriales europeos pertenecientes a la European Round Table of Industrialist (ERT), foro que agrupa a presidentes y altos ejecutivos de importantes compañías de la Unión Europea.

Un propósito que ha ratificado, a principios de abril, con la presentación de un ‘plan de acción’ compuesto por quince medidas para impulsar el vehículo eléctrico. La inversión prevista es de 590 millones de euros en los dos próximos años. Este plan forma parte en la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo eléctrico que pretende que antes de 2012 se matriculen 70.000 vehículos eléctricos,  en concreto 20.000 en 2011 y 50.000 en el ejercicio siguiente. El paquete de medidas está destinado a la estimulación de la demanda, la industrialización en I+D+i y la infraestructura y gestión de la demanda.

La propuesta recoge, asimismo, la subvención para la adquisición del vehículo, que ascenderá al 20% del coste, con un máximo de 6.000 euros por vehículo para usuarios particulares y flotas privadas. Esta subvención ya está contemplada en el actual Plan Movele, que cuenta con cinco modelos que ya se pueden adquirir. Además, el catálogo integrará a lo largo de este año otros diez modelos, entre ellos coches eléctricos de Mitsubishi o Seat, además de BYD, Tata o Subaru, que empezarán a copar este hueco de mercado.

Sin embargo, entre los principales problemas que deberán superar estos vehículos, además de un mayor desarrollo tecnológico del sector, están las dificultades de la red eléctrica, la escasa autonomía (unos 150 kilómetros aproximadamente) y su alto coste de adquisición. La principal ventaja del coche eléctrico es su bajo coste de funcionamiento, dado que por cada 100 kilómetros recorridos gasta 1,5 euros, mientras que uno de gasolina consume unos 8 euros, según fuentes del Ministerio de Industria.

La normativa aprobada por el Parlamento de Andalucía ha contado con el apoyo del PSOE e IU en su totalidad. No obstante, el PP ha mostrado el rechazo a tres artículos (18, 21 y 27), por no incluir la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y por lo referido a la composición de los comités de ética de los hospitales. Algo que ha explicado de forma reiterada la Consejería de Salud, “la regulación de conciencia es una competencia estatal y que, en cualquier caso, esta ley regula buenas prácticas clínicas y derechos indisputables del paciente, ante los que PSOE e IU entienden que no cabe la objeción de conciencia”.

El documento, que ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas, reconoce, entre otros derechos el de recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. Por otra parte, regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

José Miguel Herrera (Santaella-Córdoba, 1969) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Gestión de Administraciones Locales por la Universidad Hispalense. Es profesor asociado de la Universidad de Sevilla desde 1992, tiempo en el que ha recibido cuatro reconocimientos a la excelencia docente. Como investigador ha realizado diversos estudios sobre federalismo fiscal y ha pertenecido a los equipos de investigación de “Teoría Económica y Economía Política” y “Economía del Sector Público”, del que continúa siendo miembro.

Dentro de su trayectoria profesional destaca su trabajo en el Gabinete de Asesores de la Consejería de Economía y Hacienda entre 1995 y 1996, durante el mandato de Magdalena Álvarez. Asimismo, ha sido director de las áreas de gestión económica, recursos humanos, modernización administrativa y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Tomares entre 2002 y 2008.

El nuevo gerente-secretario de la Fundación Alfonso Perales está trabajando para fomentar el conocimiento y difusión del pensamiento progresista; promocionar el estudio y la creación de una base histórica sobre el pensamiento socialista en Andalucía e incentivar la investigación y la formación de los ciudadanos en materias que supongan una contribución al desarrollo económico y el bienestar social de nuestra tierra.

Entre las galardonadas de esta XVI edición está María Zamora Cervantes, que ha desarrollado desde 1986 su actividad profesional en el sector de la industria auxiliar de la agricultura. Su implicación en la lucha por la igualdad ha quedado patente desde que en 1997 comenzara formar parte del tejido asociativo de mujeres vinculadas al desarrollo profesional.

Otra de las premiadas es Maribel García Revilla, una mujer comprometida  con la igualdad  y con la política desde su afiliación al partido socialista en 1985. Ha defendido sus convicciones en primera línea como concejala del ayuntamiento de Algeciras y, más tarde, desde el ámbito del movimiento de mujeres, como presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas  “Victoria Kent”,  creada en 1991.

Por su parte, la Cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de Guzmán” se creó en Córdoba en 1994 y está formada por un grupo de docentes, investigadores, profesionales y otras personas interesadas en promover y desarrollar los estudios sobre las mujeres desde una perspectiva interdisciplinar.

Ana Rubio Castro es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Granada y ha colaborado con el Instituto de Estudios de la Mujer de dicha universidad. Investigadora de diversos proyectos, ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con la paz, la igualdad y los derechos de las mujeres y los extranjeros.

Otra galardona es Gabriela de la Fuente Sotomayor, que en 1983 ganó las elecciones municipales de Río Tinto por mayoría absoluta y se convirtió en una de las primeras alcaldesas de España. En 1989 fue la primera directora del Centro de la Mujer en Huelva. Actualmente forma parte del Gabinete de la Presidencia de la Diputación de Huelva.

Pilar Martínez López es desde 2002 coordinadora del Servicio de Intermediación Laboral de la Federación Provincial de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF), que atiende en la actualidad a nueve municipios desarrollando los Programas de Formación y Empleo de la Consejería, como entidad colaboradora. Desde el año 2002 Vicepresidenta de la Federación.

Por su parte, Carmen Olmedo es una comprometida militante socialista y defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Impartió numerosas charlas sobre educación sexual y reproductiva en la provincia de Málaga antes de que el sistema sanitario creara los primero centros de planificación familiar. En 1985, ya como directora del Centro de la Mujer de Málaga, abrió una de las primeras casas de acogida para mujeres maltratadas de Andalucía y de España. En 1989 se convirtió en la primera directora del IAM.

Pepa Gamboa tiene una dilatada trayectoria como directora de escena en la que destaca su fórmula innovadora para llevar a escena el flamenco y la capacidad de experimentación y de creación demostrada en sus adaptaciones teatrales. El PSOE de Andalucía la premia ahora por uno de sus últimos trabajos, la versión de La casa de Bernarda Alba protagonizada  por un grupo  de mujeres gitanas en riesgo de exclusión social de la barriada del Vacie de Sevilla.

La Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía en Defensa de la Igualdad (AMURADI) fue constituida hace diez años en Sevilla por un grupo de jóvenes gitanas que coincidieron en la universidad. Destacan especialmente iniciativas suyas como la Caravana Universitaria Romí, el seguimiento del tratamiento de la comunidad gitana en la prensa andaluza o la participación en el proyecto europeo Equal-Euroforum.

Carmen Martínez Aguayo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Puericultura, y ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el ámbito sanitario. Ha participado activamente en varios proyectos de cooperación internacional sanitaria de la Junta de Andalucía con Marruecos, en la coordinación de la Atención Sanitaria a Inmigrantes. De ella partió la idea de incorporar la perspectiva de género a la elaboración de los presupuestos de la comunidad.

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de eficiencia térmica y acústica de los inmuebles y está destinado a intervenciones en las zonas comunes, tanto interiores como exteriores, o para incorporar el uso de energías renovables, solar térmica o biomasa. El coste de las intervenciones no podrá superar los 12.000 euros y la subvención financiará el 70% del presupuesto total.

El objetivo previsto para los próximos tres años es intervenir en un total de 3.700 pisos en doce ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes. Este nuevo programa tendrá una vigencia de diez años, período en el que además de reducir las emisiones de dióxido de carbono, se crearán casi 7.000 empleos.

De acuerdo con sus bases, este nuevo certamen anual en homenaje al político gaditano que da nombre a la Fundación “está dedicado al fomento de trabajos de análisis e investigación política y social que, basados en los valores del diálogo, el consenso y el respeto a la discrepancia, nos ayuden, desde una perspectiva científica a la vez que divulgativa, a comprender mejor algunos de los graves problemas que nos afectan”. Entre los temas sugeridos figuran el medio ambiente, las migraciones, el terrorismo, los conflictos armados, los movimientos sociales y la solidaridad.

Según ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación, Pilar Navarro, “el premio se entregará cada año el 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia, en un acto solemne”.

El presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha destacado la colaboración de la institución que preside “para hacer de este Premio de ensayo sobre análisis político un referente no sólo en nuestra comunidad sino en todo el territorio nacional”.

El trabajo premiado será publicado y difundido tanto a nivel nacional como iberoamericano, así el responsable de la Editorial ALGÓN, José Nevado ha destacado su compromiso “para consolidar un espacio de análisis político más reposado y crítico”.

El jurado está compuesto por siete personalidades destacadas del mundo de las letras, la comunicación y el análisis político. El autor premiado obtendrá una retribución económica de 6.000 euros y la publicación de su obra en la editorial ALGÓN, especializada en ensayos de análisis político y con sede en Alcalá la Real (Jaén).

Los componentes del Jurado de Selección de la I convocatoria del Premio son los siguientes:

JAVIER PÉREZ ROYO: Catedrático de Derecho Constitucional, escritor y analista político.

Mª ANTONIA IGLESIAS: Periodista, escritora y analista política.

FERNANDO VIDAL: Profesor de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas. Autor, entre otros, del Informe FOESSA sobre exclusión social.

AUGUSTO DELKÁDER: Periodista, escritor y analista político.

ROSA MARÍA CALAF: Periodista, escritora y analista política.Ha sido Corresponsal de TVE en diversos países del mundo.

ALICIA GÓMEZ MONTALVO: Periodista, escritora y analista política. En la actualidad, es la Directora del programa Informe Semanal.

JUAN MANUEL MARQUÉS PERALES: Periodista, escritor y analista político.

• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz.
• BA (HONS) International Business Administration, University of Northumbria, Newcastle, UK.
• Diploma de estudios avanzados en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz.

Consensuado con  multitud de colectivos sociales andaluces, el documento además de incluir un análisis de los principales sectores de desigualdad en Andalucía, recoge 316 medidas que aplicarán todas las consejerías con el objeto de eliminar las discriminaciones en el ámbito de ocho líneas de actuación, entre ellas, laboral, educativa, cultural y social.

Las acciones para el empleo cuentan con un presupuesto de 467,3 millones y entre las medidas destacan iniciativas para la conciliación del horario laboral y familiar, implantación de la marca de “excelencia en igualdad” en las empresas que cuenten con planes de igualdad y la promoción de contratación indefinida de las mujeres.

En el terreno de la educación, que contará con un presupuesto de 425,2 millones, destaca la extensión de la red de escuelas infantiles en polígonos industriales y parques tecnológicos, la incorporación de enseñanzas de igualdad en todos los planes de estudios y la presencia obligatoria en los consejos escolares de, al menos, una persona con formación especializada en igualdad.

Con la aprobación de este plan, pionero en el ámbito autonómico en España, el Gobierno Andaluz demuestra su preocupación y lucha en pro de la igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres.

Para hacer viable este objetivo, todos los ayuntamientos andaluces tendrán que elaborar un registro público de demandantes de vivienda protegida. A partir de ahí se deberá facilitar el acceso a una VPO, ya sea en propiedad o en alquiler, a las familias que perciban menos de 36.000 euros brutos anuales y que lleven residiendo, al menos, tres años en la misma localidad y no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente.

Este tipo de registros han sido puestos en marcha ya por unos 700 municipios andaluces, en los que reside más del 90% de la población.

Al frente del segundo ámbito, ‘Movilización educativa, Innovación y Formación Profesional’, se ha elegido a Eugenio Domínguez Vílchez, catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba, y Ángel Gallego, secretario de Educación y Universidades del partido.

En el tercero de los grupos, ‘Sostenibilidad medioambiental, políticas energéticas y normalización del sector de la vivienda’, contará como coordinador con Valeriano Ruiz Hernández, catedrático en el Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla y director del Instituto Andaluz de Energías Renovables (IAER). Su adjunto será el secretario de Medio Ambiente del PSOE de Andalucía, José Juan Díaz Trillo.

Por último, el área de ‘Ciudadanía, gobernanza e igualdad’ tendrá como responsable a Aurelia Martín Casares, profesora de Antropología Social de la Universidad de Granada.

Para el cumplimiento de dichos objetivos la Fundación Alfonso Perales está trabajando en cuatro líneas de trabajo. La primera de ellas es la formación (tanto ocupacional, universitaria y política) ya que este aspecto es clave como elementos diferencial positivo para la mejora de la situación económica, sobre todo teniendo presente el actual escenario económico y social.

La segunda de las áreas de actuación está vinculada al desarrollo de las cinco líneas de pensamiento (economía y empleo; pensamiento político; educación, ciencia e innovación; construcción de la ciudadanía, y Andalucía y el mundo). Para ello, los coordinadores de estas líneas y los responsables de la Fundación están trazando un calendario de mesas o jornadas de trabajo; cuyos resultados se publicarán posteriormente.

Asimismo, se está trabajando en la elaboración de un archivo histórico para la recuperación y conservación del patrimonio documental histórico del socialismo y demás movimientos sociales españoles.

Por último, se hará un esfuerzo promocional de todas las actividades como formula de avanzar e implantar la Fundación en las ocho provincias andaluzas.